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La OEA y el Perú deben defender y fortalecer la CIDH

Publicado: 2013-03-20

Desde su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cumplido un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en los países de la región. El papel vigilante que esta instancia ha cumplido en situaciones críticas para la vigencia de los derechos fundamentales, llamando siempre a los Estados a que cumplan con sus obligaciones internacionales, ha sido un elemento clave para el fortalecimiento de la democracia en nuestros países. La relación que la CIDH ha tenido con el Perú es un buen ejemplo de ese rol protagónico que este organismo supranacional ha sabido desarrollar.

En los últimos tiempos han surgido diversas iniciativas desde algunos Estados para limitar las facultades de intervención de la CIDH y de algunos de sus órganos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que han sido presentadas como propuestas de reforma. La posibilidad de que estas propuestas reduccionistas avancen, sería muy grave para los ciudadanos de la región.

Justamente este viernes 22 de marzo la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en Washington D.C., abordará este tema como agenda central. Por ello, si bien siempre son importantes las reformas de los sistemas de protección de los derechos de las personas, consideramos que, en este caso, lo que requiere el Sistema Interamericano es esencialmente un proceso de fortalecimiento.

Al respecto, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresan lo siguiente:

1. Nuestra preocupación sobre la posibilidad que el resultado de este proceso termine en el debilitamiento de la CIDH, pese a que desde un inicio se habló de fortalecerla. La principal razón de esta preocupación es que la última sesión del Consejo Permanente de la OEA terminó sin acuerdo respecto a dos delicados temas: (i) la condición de las relatorías y (ii) el financiamiento de los Estados. Junto a ello, llaman la atención los proyectos de resolución emitidos por el Consejo Permanente de la OEA; en uno de ellos, se plantean enmiendas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en otro se buscaba hacer vinculante lo acordado en una reunión informal de algunos Estados que han ratificado la Convención Americana (CADH), realizada recientemente en Guayaquil (Ecuador), en el que se propone un cambio de sede de la Comisión, abriendo así la posibilidad de cambiar el Estatuto de la CIDH.

2. Rechazamos todo intento de imponer una reforma vía modificación del Estatuto de la CIDH. Como se ha establecido en diversos documentos jurídicos, el artículo 39° de la CADH establece claramente que para realizar una reforma del Estatuto tiene que existir una propuesta de la propia Comisión. En su momento (1979), los Estados decidieron establecer esta fórmula para garantizar la independencia de esta instancia internacional frente a los Estados. Por ello, exhortamos a los Estados miembros de la OEA cumplir con lo establecido en la Convención.

3. Exhortamos a los Estados de la OEA que aún no han ratificado la CADH, que inicien el proceso interno de consultas en sus respectivos países para su ratificación, pues nada justifica que después de más de 30 años de vigencia de la CADH, aún existan diferentes compromisos jurídicos de los Estados en relación al sistema interamericano. En tal sentido, saludamos los esfuerzos y gestiones de los Gobiernos para que todos los Estados ratifiquen la Convención.

4. Mostramos nuestro apoyo a la reforma reglamentaria aprobada por la CIDH, a partir de la propuesta realizada por los Estados en junio de 2012 en la Asamblea General de Cochabamba-Bolivia, y que fueron alcanzadas a los Estados y a la sociedad civil del continente en su momento.

5. Respaldamos la labor de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) y rechazamos todo intento, directo o indirecto, de debilitarla. Coincidimos que otras Relatorías también deberían ser fortalecidas (como la de pueblos indígenas o defensores y defensoras de DDHH), pero ello no debería implicar el debilitamiento de la RELE. En ese sentido, exhortamos al Gobierno del Perú a mantener su política de respeto a la labor de la RELE.

6. Confiamos que el Gobierno del Perú plasmará su apoyo al sistema interamericano no sólo dando cumplimiento a las decisiones de la Comisión y la Corte, sino incrementando su aporte financiero a dichos organismos. Incrementar el presupuesto de la Comisión y la Corte debe ser una prioridad en este proceso de fortalecimiento del sistema interamericano.

7. Finalmente, queremos exhortar al Perú y a los Estados miembros de la OEA que este 22 de marzo se cierre estos dos años de proceso de fortalecimiento, a fin que la Comisión se concentre en su labor: la defensa y la promoción de los derechos humanos de la población de la región.

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